PROCESO DE PAZ
El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, se desarrolló a partir del año 2002,
durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En una carta pública enviada al
presidente, las AUC declararon un cese de hostilidades nacional a partir del primero de diciembre
de ese año, cumpliendo así con el requisito del gobierno nacional para el inicio de conversaciones.
Como respuesta a este gesto, el 23 de diciembre de ese mismo año el Gobierno Nacional designó
una Comisión Exploratoria de Paz, para que adelantara diálogos exploratorios con este grupo
armado.
Meses después, y después de varias reuniones durante esta fase exploratoria, el 15 de julio de
2003, en Tierralta (Córdoba), el Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión,
delegados de la Iglesia Católica y los representantes de las Autodefensas suscribieron el “Acuerdo
de Santa Fe de Ralito”, a través del cual el gobierno y las AUC acordaron iniciar la etapa de
negociación, afirmando que el propósito de este proceso es “el logro de la paz nacional, a través
del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la
fuerza en manos del Estado”.
En el acuerdo de Ralito, las Autodefensas Unidas de Colombia se comprometieron a desmovilizar a
la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005, en un proceso gradual que
comenzó con la desmovilización el 25 de noviembre de 2003 del Bloque Cacique Nutibara en la
ciudad de Medellín. Tiempo después, el 10 de diciembre de 2004, se produjo una de las entregas
más importantes: la del Bloque Catatumbo, en la cual se desmovilizó Salvatore Mancuso. Los
desarmes colectivos se extendieron hasta agosto de 2006.
Según la oficina del Alto Comisionado de Paz de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, durante este
periodo se desmovilizaron 31.671 combatientes y se entregaron 18.051 armas, en los 38 actos de
desmovilización.
Después del periodo de desarme de las AUC, los jefes desmovilizados fueron recluidos en el centro
especial de La Ceja, Antioquia, y posteriormente fueron trasladados a la cárcel de máxima
seguridad de Itagui, del mismo departamento.
Paralelo al proceso de desmovilización, el parlamento colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz,
la cual tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la
vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, en este caso los grupos de
autodefensa. El componente más novedoso de esta ley es la búsqueda de la garantía del derecho a
la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos. Esta ley establece además que las personas que se acojan a la misma, deberán pagar una pena
privativa de la libertad de mínimo 5 y máximo 8 años, antes de acceder a los beneficios. El
compromiso de no volver a delinquir es una de las condiciones para mantener los beneficios hacia
el futuro. Adicionalmente, la Corte Constitucional implantó la exigencia de que quienes mintieran
o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios jurídicos que otorgaba la ley, entre
otras.
Para garantizar los derechos de las víctimas, los Tribunales deben ordenar medidas de reparación,
incluso en los casos en que no se ha individualizado al victimario.
Con el ánimo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, la ley creó la Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación, el Fondo para la Reparación de Víctimas y las Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes.
Posterior al desarme de las AUC, el 13 de mayo de 2008, en un operativo sorpresa, fueron
extraditados a los Estados Unidos 14 jefes de las AUC que se habían sometido a la Ley de Justicia y
Paz. El gobierno argumentó que los exparamilitares incumplieron los requerimientos del proceso,
principalmente porque seguían delinquiendo desde la cárcel.
Varias organizaciones de víctimas y entidades defensoras de derechos humanos, no estuvieron de
acuerdo con esta medida ya que en Estados unidos estos jefes son juzgados por el delito de
narcotráfico y será mucho más complejo para las víctimas acceder a la verdad y reparación.
Conclusiones e implicaciones
El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- logró la desmovilización de más
de 30.000 hombres y mujeres, sin embargo, después de 5 años de su culminación se ha podido
evidenciar que en muchas de las regiones donde había presencia de este grupo armado se han
reactivado estructuras armadas utilizando prácticas similares y manteniendo incluso la misma
estructura militar, económica y política.
En cuanto a la Ley de Justicia y Paz, de los más de 30.000 desmovilizados, aproximadamente 2.000
ratificaron su postulación a esta ley, lo que representa menos del 2% de los excombatientes de las
AUC. A mediados de 2011, solamente tres exparamilitares han sido sentenciados en el marco de
esta Ley.
Antecedentes
El proceso con las AUC tuvo sus antecedentes durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, a
través de contactos adelantados entre los grupos de autodefensa y la Iglesia Católica. Luego, una
vez elegido Álvaro Uribe Vélez, éste autorizó a la Comisión Episcopal, conformada por los obispos
de Montería, de Apartadó y de la Diócesis de Sonsón-Rionegro , para continuar los acercamientos
con las AUC, en búsqueda de la paz. En octubre de 2002 los grupos de autodefensas manifestaron a través de los obispos su disposición para declarar un cese de hostilidades a fin de iniciar un
proceso de paz. Por tal motivo el Alto Comisionado para la Paz adelantó los primeros contactos
con dichos grupos, en reuniones que tuvieron lugar durante el mes de noviembre de 2002.
El proceso se inició a finales del año 2002, con la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades,
por parte de los grupos de autodefensas.